El turismo sigue creciendo y cada año acuden más turistas a las ciudades de nuestro país y eso ha fomentado el aumento de alojamientos de diversa índole para que todo el mundo, sea cual sea su capacidad económica y preferencias, pueda pasar unos días de vacaciones con comodidad.
Esto ha provocado un aumento del alquiler de viviendas turísticas, que no siempre se encuentran dentro de la legalidad con los problemas que ello conlleva. Por ejemplo, problemas entre propietarios y huéspedes que quedan sin resolver, huéspedes alojados en sitios insalubres y problemas con los vecinos de barrios saturados por turistas que causan molestias.
Por ello, los ayuntamientos de varios municipios y grandes ciudades han comenzado a operar y a legislar al margen de la normativa ya existente en las comunidades autónomas.
Esto, si bien pudiera parecer una buena iniciativa, ha creado más confusión y vacíos legales a la hora de proceder con la legislación de estos alojamientos.
Madrid, Barcelona, Valencia y La Palma son algunas de las ciudades que han emprendido medidas para limitar las viviendas turísticas y evitar el aumento de alojamientos ilegales. Estos ayuntamientos pretenden facilitar la vida diaria de los vecinos de los bloques de viviendas de los que cada día entra y sale gente diferente.
.@chemadp
— Madrid en serio (@MadridEnSerio) February 15, 2019
Madrid tiene que ser ejemplo de modelo económico y social y para ello necesitamos:
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Una de las últimas medidas que se han adoptado en la ciudad de Madrid en cuanto al turismo es exigir que el acceso de los turistas a la vivienda se haga por un lugar distinto del que lo hacen el resto de vecinos, lo que supone señalar a más del 90 % de pisos turísticos de la capital que serán tratados como si no tuvieran licencia.
Las exigencias en Valencia incluyen la cláusula de que los pisos turísticos se sitúen encima de comercios y debajo de otras viviendas no pudiendo estar mezclados, por tanto, con residencias de otros particulares. Además, está prohibido que un bloque tenga más del 50 % de sus viviendas convertidas en pisos turísticos.
En Barcelona se está procediendo al cierre de los pisos turísticos ilegales desde el año 2016, y ya ascienden a más de tres mil, a lo que hay que sumarle más de seis multas con importes de hasta 3.000 euros.
En La Palma se lleva a cabo una de las políticas más restrictivas en turismo ya que está prohibido el alquiler de pisos y apartamentos a turistas. Tan solo se permite el alquiler de alojamientos en chalets y casas unifamiliares siempre que no se encuentren situados cerca del aeropuerto, en terrenos rústicos o en polígonos.
Se llegó a esta decisión tras comprobar que en los últimos dos años la proliferación de viviendas turísticas había crecido un 50 %, existiendo unos 20.000 alojamientos. De todos ellos, solo 645 contaban con todos los permisos legales. En el resto de Mallorca solo se permiten pisos turísticos en algunos municipios y se han establecido multas a portales como Airbnb y Tripadvisor por publicitar alojamientos sin licencia.
